- Los Jueces de Paz
También conocidos
con los nombres de Juez de paz, juzgado de paz o tribunal de paz, hace referencia a un tipo
de órgano jurisdiccional que hace vida en diversos
países. Habitualmente son órganos judiciales unipersonales con jurisdicción en
el ámbito local, generalmente un municipio, comuna o distrito
en el que no existe un juzgado de primera instancia, y son
servidos por jueces legos
(no letrados)
que llevan a cabo funciones jurisdiccionales.
Debido a que el
juez de paz no suele tener conocimientos de Derecho comparables
a los de un letrado, se busca que los conflictos sometidos a su competencia sean solucionados
mediante conciliación entre las partes, según
reglas de equidad o
conforme a las costumbres particulares de la comunidad donde el juez presta
servicios (Derecho consuetudinario). Por lo común,
los juzgados de paz se ocupan solamente de controversias de tipo civil,
aunque en algunos ordenamientos, como los de México y España,
se les permite resolver problemas penales que no sean de gran magnitud.
Otro rasgo
importante del juez de paz es que debe residir en la misma población donde ha
de prestar sus servicios. En algunos ordenamientos, como el venezolano,
el colombiano o
el peruano, el juez de paz es elegido por los propios vecinos de la comunidad
donde ejercerá su cargo; mientras que en otros casos, como España, es elegido
por la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.
- Medios Alternativos a la Resolución de Conflictos
En la búsqueda de un mejor acceso a la justicia,
se ha insistido en la necesidad de impulsar estas alternativas como soporte a
los mecanismos jurisdiccionales, a los fines disminuir el número de los
litigios a los que se enfrentan nuestras instituciones encargadas de
administrar justicia, el paso más importante que se ha dado en Venezuela es el de
la inclusión de Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos" (MASC)
dentro de nuestro nuevo texto constitucional, reconociéndolos
constitucionalmente como integrantes del Sistema de Justicia, constituyendo
esto un punto de partida y fundamento para su arraigo e implementación efectiva
en el país.
Los Medios Alternativos de Resolución de
Conflictos se pueden definir como un conjunto de métodos, procedimientos, o
técnicas que, tiene por objeto solucionar las desavenencias o dificultades,
entre personas u organizaciones, no recurriendo a los tribunales, ni a la
decisión impuesta por un juez, con la característica intervención activa de
ambas partes involucradas. En ellos la solución del conflicto nace, de la
confrontación y armonización de los valores e intereses contrapuestos de las
partes, no de la imposición de valores impuestos por el juez, porque no
pretende mirar exhaustivamente las normas existentes, costumbres y
jurisprudencia, sino que más bien se dirige al conflicto en sí, y sus
posteriores consecuencias hacia el futuro, viendo las reacciones que tiene en
las mismas partes. Por lo tanto los medios alternativos (MARC), son un sistema
en sí mismo que puede actuar complementariamente con la justicia. Algunos
autores afirman que son un sistema circular en donde no existe juez, ni
demandado, no hay principio, ni final, y tiene como propósito entonces juntar a
las partes y que ambas se escuchen mutuamente. Existen diferentes sistemas que
actualmente están siendo utilizados por personas y compañías para solucionar
sus diferencias, permitiendo así un ahorro de tiempo y dinero. Como bien
dicen algunos autores cualquier método de negociación debe ser juzgado por tres
criterios: debe producir un sabio acuerdo (siempre que sea posible el arreglo),
debe ser eficiente y debe mejorar o por lo menos no dañar la relación entre las
partes. Los medios alternativos permiten entonces que las facciones tengan
mayor control respecto a la disputa siendo el medio más directo y simple la
negociación, seguido por la mediación, conciliación, facilitación, el
arbitraje, la evaluación neutral, la justicia de paz, entre otras.
Algunos de los Medios Alternativos en la Resolución de
Conflictos son los Siguientes:
* La Negociación: es el proceso mediante el cual dos o más personas, que tienen intereses
comunes o diferentes, intercambian información veraz y suficiente, a lo largo
de un periodo, con miras a lograr un acuerdo para sus relaciones futuras. Se
pretende influir sobre la conductas del otro para lograr un comportamiento
deseado sin usar el poder o la fuerza.
* La Mediación:
es un medio informal y voluntario de solución de conflictos en el que un
tercero imparcial trata mediante técnicas de negociación que las partes
identifiquen las posibles zonas de acuerdo.
* La Conciliación:
es muy parecida a la mediación, la diferencia radica en el nivel de
participación activa por parte del tercero. Es decir, el conciliador puede
emitir opiniones cuando las partes no pueden solucionar rápidamente sus
asuntos.
* El Arbitraje:
es el medio por el cual las partes, de manera voluntaria, llevan su diferencia
ante uno o varios terceros quienes la resolverán mediante un arbitral de laudo,
es decir, mediante una sentencia emitida por él o los árbitros siendo
obligatoria para las partes.
* La Evaluación
Neutral: consiste en la presencia de una abogado experto designado por un
tribunal que luego de oír a las partes y de examinar las pruebas, hace una
evaluación del caso para mostrar a cada uno de los contendientes los puntos
débiles y los peligros de su tesis, así como los de coincidencia y de posible
negociación.
* La Justicia de
Paz: es la que procura resolver de una manera rápida, sencilla y económica,
los eventos que se pueden producir en una comunidad, a través de la equidad y
que permite que la comunidad elija así sus propios jueces y procedimientos. La
ley de paz ordena que no necesariamente se cumpla con la legalidad más si con
la equidad; es aplicar justicia a casos muy concretos observando las
circunstancias. Se le denomina también justicia de vecindad.
Fundamentación Legal
de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos:
Los Medios Alternativos de solución de
Conflictos en Venezuela, a pesar de no haber contado con un rango
constitucional sino hasta 1999, están previstos en diversos textos
legislativos, tales como el Código de Procedimiento Civil que prevé tanto la
conciliación como el arbitraje; la Ley Orgánica del Trabajo, que regula la
Conciliación y Arbitraje como mecanismos para solucionar los conflictos
colectivos; la Ley Sobre el Derecho de Autor (1993), que se refiere al
arbitraje institucional ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es un
arbitraje voluntario y se tramita conforme a las previsiones sobre arbitraje
del Código de Procedimiento Civil; La Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros
(1994), prevé el arbitraje como mecanismo de solución de controversias entre
particulares y empresas de seguros; La Ley de Protección al Consumidor y al
Usuario (1995), establece la conciliación y el arbitraje como mecanismos
voluntarios para la resolución de controversias que se susciten entre
consumidores, usuarios y proveedores de servicios, en este caso, corresponde a
la parte afectada elegir entre uno u otro mecanismo; la Ley de Arbitraje
Comercial (1.998) conjuntamente con el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de
Promoción y Protección de Inversiones las cuales surgen de la necesidad de
brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas y la nueva Ley Orgánica
Procesal del Trabajo(2002). Además la conciliación está consagrada en otros
dispositivos legales tales como en la Ley sobre el Derecho a la Mujer a una
Vida Libre de Violencia y en el Código Orgánico Procesal Penal (2001), en el
cual ésta es usada como medio para llegar a los acuerdos reparatorios, que
sirven como medida compensatoria para el agraviado por parte del agraviante en
hechos punibles que afecten bienes materiales, poniendo fin al procedimiento
penal. En ese mismo orden de ideas se encuentra en la Asamblea Nacional un
Proyecto aprobado ya en su primera discusión, de "Ley de Convivencia y
Solución de Conflictos en las Comunidades" en la cual se establecen de
igual manera los medios alternativos de solución de conflictos a los fines de
hacer más armónica la convivencia en la sociedad. La Mediación, sin embargo, es
un procedimiento poco conocido en Venezuela no obstante en los últimos meses se
ha despertado gran interés por el tema, realizándose seminarios dictados por
profesionales en la materia, provenientes de Colombia y Estados Unidos. Existe
en el país instituciones encargadas de administrar estos procesos de arbitraje,
conciliación y mediación tales como el Centro de Arbitraje y Mediación
perteneciente a la Cámara de Comercio de Caracas y el Centro Empresarial de
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) perteneciente a la Cámara Venezolano Americana
(VenAmCham). Ambos centros tienen como objetivo el arbitraje, la mediación y la
conciliación. En el ámbito internacional, nuestro país es parte de un buen
número de acuerdos internacionales que promueven la resolución alternativa de
controversias. En este sentido Venezuela es parte de los siguientes acuerdos;
entre otros: La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las
Sentencias Arbitrales Extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de
1958 (Convención de Nueva York), el Convenio sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio
de CIADI), también forma parte de Convención Interamericana sobre Arbitraje
Comercial Internacional, fumada en Panamá el 30 de enero de 1975 (Convención de
Panamá); y de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de
las Sentencia y Laudos Extranjeros, suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979.
Aparte especial merece la Justicia de Paz ideada para resolver conflictos
comunitarios, y que poco a poco, ha tomado auge, con muy buenos resultados. La
Constitución de 1999 da sustentación expresa en el artículo 258 para que por
ley se organice "la justicia de paz en las comunidades". Constituye
la Justicia de Paz una nueva forma de administrar justicia que produce una
ruptura de paradigmas en comparación al modelo de administración de justicia
conocida, por cuanto ésta se encuentra orientada hacia la conciliación como
primer peldaño en la resolución de conflictos interpersonales, vecinales,
enrumbándose a la consecución de soluciones aportadas por las partes en
conflicto, en aras de la convivencia pacífica. Es uno de los procedimientos
alternativos que buscan superar la insuficiencia del sistema de administración
de justicia, cuya importancia y utilidad tienen reconocimiento en las
sociedades que han comprendido el efecto positivo que generar al mejorar el
clima de armonía entre los miembros de la comunidad.
Justicia
Indígena
La Justicia
Indígena es el conjunto de normas basadas en valores y principios culturales
propios, con procedimientos y prácticas propias que regulan la vida social en
la comunidad y el territorio. Las reparaciones a las transgresiones a dichas
normas pueden ser por la vía de la recomposición, la compensación, y/o la
remediación de los daños causados, y no sólo por la vía del castigo, que es la
forma preponderante en la Justicia Ordinaria u occidental.
El Convenio 169 y
la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, abrieron
importantes espacios para la Justicia Indígena. Su puesta en marcha implica
diversas opciones, como el nombramiento de jueces de paz ordinarios en las
comunidades; o el cese del funcionamiento de la policía y juzgados en los
territorios indígenas, para dar lugar a las autoridades de la Justicia Indígena.
También existen
casos intermedios donde los indígenas han llegado a acuerdos con el Estado,
como en Bolivia y Ecuador donde los indígenas pueden emplear como sanción la
pena de cárcel en una prisión del Estado; o en Colombia donde la justicia
Indígena pueda derivar casos al Estado, para que la Justicia Ordinaria realice
el juicio, pero manteniendo los indígenas su atributo de decidir cuál será la
sanción.
En Bolivia, la
Constitución Nacional reconoce la Justicia
Indígena Originaria Campesina (JIOC), y le otorga la misma
jerarquía que la justicia ordinaria. Los indígenas pueden resolver sus
problemas en sus propias instancias y aplicando sus propios procedimientos,
valores y normas culturales. Las decisiones de la justicia indígena tienen
fuerza de sentencias, y toda autoridad pública o persona debe acatarlas. Los
límites están dados por el derecho a la vida y las garantías consagradas en la
Constitución. La JIOC se ejerce en los ámbitos personal, territorial, y
material, y dentro de la jurisdicción; y se aplica a todas las relaciones y
hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la
jurisdicción indígena.
Régimen jurídico
que regula a la institución de las Fuerzas
Armadas de un Estado en el marco de las relaciones internas de sus
integrantes, y dentro de aquellas cuestiones propias delegadas a la
jurisdicción militar, en virtud de las especiales características que reviste
el funcionamiento del orden castrense.
Y en una segunda acepción, al aparato jurídico de administración de justicia, por medio del
cual se ejerce la jurisdicción militar.
Competencia: Generalmente
la jurisdicción militar sólo es competente para entender en aquellas causas en
las que fuere parte cualquier ciudadano
con estado militar, y que estrictamente se remitan a delitos o faltas disciplinarias
de orden estrictamente castrense, quedando reservadas aquellas causas civiles o
penales ordinarias para la jurisdicción civil, aunque su infractor se
encontrare dentro de las fuerzas armadas.
No obstante, en
algunos Estados la aplicación de la jurisdicción militar se extiende a toda
causa en la que intervenga tanto cualquier integrante de cualquier fuerza
armada personal asimilado jurídicamente a la misma situación, como a
civiles sin afectación militar alguna en las que se cometa una infracción a las
normas militares
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